El aumento de los recibos de luz en los hogares en Estados Unidos y la controversia en torno a los centros de datos están transformando elecciones de bajo perfil para controlar a las entidades de servicios públicos que construyen centrales eléctricas y líneas de transmisión, y luego le trasladan a la gente el costo.
Las tensiones desempeñaron un papel destacado en las elecciones del año pasado en Georgia, Nueva Jersey y Virginia, y ahora están en Arizona y Alabama, donde contiendas antes adormecidas se están convirtiendo en peleas políticas.
Incluso grupos nacionales como Turning Point Action —más conocido por su papel al movilizar a jóvenes conservadores en apoyo del presidente Donald Trump— se están involucrando tocando puertas y enviando mensajes de texto con propaganda de campaña. La organización quiere frenar la influencia de los ambientalistas sobre Salt River Project en el área de Phoenix, la mayor empresa pública de servicios del país, en una elección el martes.
Este estallido de atención está arrastrando la política entre bambalinas de los comisionados de servicios públicos elegidos —que, según críticos, durante mucho tiempo ha estado dominada por operadores de poder o empresas monopólicas— hacia un debate intensamente nacional sobre cómo alimentar la inteligencia artificial sin disparar los costos de la electricidad.
“Y eso significa que, de repente, hay toda esta presión”, manifestó Dave Pomerantz, del Energy and Policy Institute, que presiona a las empresas de servicios públicos para que mantengan bajas las tarifas y utilicen fuentes de energía renovable.