Categoría: Inmigración

La presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, tuvieron el martes un cruce de comentarios a raíz de las tensas protestas de migrantes de hace varios días en Los Ángeles y ante los señalamientos desde Estados Unidos de que el gobierno mexicano estaría alentando las manifestaciones.

Sheinbaum defendió el martes a los mexicanos honestos y trabajadores que ayudan a la economía del país vecino y pidió al gobierno de Donald Trump que, en lugar de hacer redadas, lleve adelante una reforma migratoria integral que dé reconocimiento a los inmigrantes.

Asimismo, rechazó los comentarios de Noem. La secretaria estadounidense acusó a la mandataria de alentar las protestas. “Claudia Sheinbaum salió y fomentó más protestas en Los Ángeles y yo la condeno por ello”, dijo en la Casa Blanca, junto a Trump.

El gobernador de California Gavin Newsom presentó el martes una solicitud de emergencia en un tribunal federal para impedir que la administración Trump use a la Guardia Nacional y a los marines para asistir en redadas de inmigración en Los Ángeles.

La medida de Newsom se produce después de que el presidente Donald Trump ordenara el despliegue de aproximadamente 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines a Los Ángeles tras cuatro días de protestas impulsadas por la indignación por el aumento de las detenciones de inmigrantes.

La solicitud del gobernador indicó que era en respuesta a un cambio en las órdenes para la Guardia.

La presentación incluye una declaración de Paul Eck, asesor general adjunto del Departamento Militar de California. Eck dijo que el departamento ha sido informado de que el Pentágono planea ordenarle a la Guardia Nacional de California a que dé apoyo para operaciones de inmigración. Ese apoyo incluiría mantener perímetros seguros alrededor de las áreas donde se están llevando a cabo redadas y asegurar las calles para los agentes de inmigración.

Las protestas que surgieron en Los Ángeles por las redadas de control migratorio y que llevaron al presidente Donald Trump a movilizar tropas de la Guardia Nacional y marines han comenzado a extenderse por todo el país, y se prevén más de ellas para el fin de semana.

Desde Seattle hasta Austin y Washington D.C., los manifestantes han coreado consignas, han mostrado pancartas contra la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y han causado embotellamientos en avenidas del centro de distintas ciudades y frente a oficinas federales. Aunque muchas fueron pacíficas, en algunas se han producido enfrentamientos con las fuerzas del orden, y los agentes realizaron arrestos y usaron irritantes químicos para dispersar a las multitudes.

Los activistas planean realizar más manifestaciones de mayor magnitud en los próximos días, en eventos llamados “No Kings” (“Sin reyes”) que se llevarán a cabo el sábado en todo el país para coincidir con el desfile militar planeado por Trump en Washington.

Los gobiernos de 12 países cuyos ciudadanos tendrán prohibido visitar Estados Unidos a partir de la próxima semana trataban el jueves de entender el anuncio más reciente del presidente Donald Trump para resucitar una política emblemática de su primer mandato.

La prohibición entrará en vigor en el primer minuto del 9 de junio, un margen que puede evitar el caos que se desató en los aeropuertos de todo el país cuando una medida similar entró en vigor prácticamente sin ningún aviso en 2017. Trump, quien señaló planes para una nueva prohibición al asumir el cargo nuevamente en enero, parece estar en terreno más firme esta vez después de que la Corte Suprema se puso de su lado.

Algunos de los 12 países anunciados este año también aparecieron en la primera lista. La nueva prohibición se dirige a Afganistán, Myanmar, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Los legisladores de Alabama aprobaron una ley que convierte en delito grave el introducir al estado de forma intencional a alguien que se encuentre en Estados Unidos sin autorización legal, acogiendo proyectos de ley similares a nivel nacional que podrían restringir los viajes entre estados para algunos inmigrantes.

La ley, que recibió la aprobación final el miércoles, protege “no sólo a los ciudadanos de Alabama, sino también a las personas que están inmigrando aquí legalmente y haciendo todo de la manera correcta”, sostuvo el senador republicano Wes Kitchens, patrocinador del proyecto de ley.

La medida establece exenciones para profesionales médicos como conductores de ambulancias y empleados de bufetes de abogados, educadores, iglesias u organizaciones benéficas que realicen tareas “no comerciales”. La ley también describe un proceso para que las fuerzas del orden determinen el estatus migratorio de una persona que haya sido arrestada. La propuesta se dirige ahora a la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, quien tiene 10 días para firmar la ley o de lo contrario fracasará por un veto de bolsillo.

El jueves, la Corte Suprema evaluó si permitiría que las restricciones del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento entren en vigor temporalmente en la mayor parte del país, aún si finalmente se determinara que violan la Constitución.

Los jueces escucharon argumentos en las apelaciones de emergencia del gobierno de Trump sobre órdenes de tribunales inferiores que han mantenido las restricciones de ciudadanía en suspenso en todo el país. Las órdenes judiciales a escala nacional, o universales, surgieron como un control importante a los esfuerzos de Trump para reformar el gobierno y como una creciente frustración para el presidente republicano y sus aliados.

Los jueces también estudian las solicitudes del gobierno de Trump para poner fin al permiso de residencia humanitaria para más de 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y para retirar otras protecciones legales temporales a otros 350.000 venezolanos. La administración sigue enfrascada en batallas legales sobre sus esfuerzos para deportar rápidamente a personas acusadas de ser miembros de pandillas a una prisión en El Salvador según una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, llamada Ley de Enemigos Extranjeros.

El primer día de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que negaría la ciudadanía a los niños nacidos de personas que están en el país de manera ilegal o temporal.

El gobierno de Trump ha planificado tres operativos migratorios semanales en diferentes ciudades, incluyendo Aurora, Colorado, donde ICE llevará a cabo una redada este jueves.

Tras una semana de la segunda presidencia de Donald Trump y sus esfuerzos por combatir la inmigración ilegal, los agentes federales trabajan con una nueva determinación, sabiendo que “ya nadie tiene un pase libre”.

Una docena de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se reunieron antes del amanecer del lunes en un estacionamiento de Maryland, y luego se dispersaron por los suburbios de Washington para encontrar a sus objetivos: alguien buscado en El Salvador por homicidio, una persona condenada por robo a mano armada, un migrante declarado culpable de poseer material de abuso sexual infantil y otro con condenas por drogas y armas. Todos estaban en el país sin permiso de residencia.

“Los peores van primero”, dijo Matt Elliston, director de la oficina de campo del ICE en Baltimore, sobre las prioridades de la agencia.