GOLDEN, Colorado. – La exanalista forense del Buró de Investigación de Colorado (CBI), Yvonne “Missy” Woods, fue sentenciada este martes a 10 años de prisión por su participación en un escándalo de manipulación de pruebas de ADN que afectó a más de 1,000 casos criminales durante sus 29 años de carrera.
El juez del Tribunal del Condado de Jefferson, Andrew Poland, impuso la sentencia después de que Woods, de 66 años, se declarara culpable en junio pasado de cuatro delitos graves: cibercrimen, perjurio, falsificación e intento de influir en un funcionario público. Como parte del acuerdo, los fiscales desestimaron las otras 98 acusaciones que enfrentaba originalmente.
“En esencia, este caso se trata de confianza — la extraordinaria confianza depositada en la Sra. Woods, y su violación de esa confianza”, declaró el juez Poland antes de dictar la sentencia.
Una carrera de tres décadas marcada por el fraude
Woods trabajó para el CBI desde 1994 hasta 2023, cuando fue puesta en licencia administrativa y posteriormente se retiró. La investigación reveló que la analista manipuló datos de ADN para acelerar el proceso de pruebas y aumentar su productividad, alterando resultados y omitiendo información clave en cientos de casos.
Según la fiscalía, Woods eliminó hallazgos de “valores específicos” en más de 30 casos de agresión sexual y presentó informes que indicaban que no se había encontrado ADN masculino cuando, en realidad, sí lo había. En decenas de casos, esto privó a los investigadores de información crucial y negó justicia a las víctimas.
El fiscal jefe adjunto Darren Kafka detalló durante la audiencia casos concretos, incluyendo la agresión sexual de una niña de 4 años en Pueblo, una mujer que denunció una violación en el Parque Nacional Rocky Mountain y una mujer de 88 años en Denver que fue agredida sexualmente.
“Sembrar esta duda será el legado de la Sra. Woods”, afirmó Kafka durante la audiencia.
Consecuencias devastadoras para el sistema de justicia
El escándalo ha tenido un impacto profundo en el sistema de justicia de Colorado. Al menos una condena por asesinato fue anulada como resultado de la mala conducta de Woods. En dos casos de homicidio, los acusados recibieron sentencias más leves bajo acuerdos de culpabilidad porque los fiscales temían que la participación de Woods pudiera llevar a absoluciones.
La investigación identificó que Woods alteró datos de un elemento de evidencia en 156 casos, manipuló muestras de control de calidad en 520 ocasiones y cambió datos intencionalmente al menos 227 veces. El costo estatal para revisar sus casos y volver a analizar las pruebas supera los $11 millones.
Una investigación que comenzó con una pasante
El caso salió a la luz en septiembre de 2023, cuando una pasante del CBI descubrió información faltante en un caso que Woods había manejado en 2018. Según una declaración jurada de arresto, Woods admitió a los investigadores que había cambiado datos para completar los casos más rápidamente.
Curiosamente, las preocupaciones sobre el trabajo de Woods no eran nuevas. Ya en 2014, un empleado cuestionó sus pruebas, y en 2018 fue suspendida temporalmente de trabajar en casos de ADN tras ser acusada de manipulación de datos.
Woods se disculpa y el CBI implementa reformas
Antes de conocer su sentencia, Woods ofreció una disculpa emocional en la corte:
“Durante muchos años se me confió evidencia que podía tener consecuencias profundas para acusados, víctimas, familias y los tribunales. Fallé en esa responsabilidad. Lamento profundamente ese fracaso”, declaró.
El CBI, por su parte, ha enfatizado que las acciones de Woods fueron un fraude criminal intencional cometido por una sola persona y no representan las prácticas institucionales de la agencia.
“Este momento no se trata de seguir adelante, sino de avanzar”, dijo Armando Saldate, director del CBI.
La agencia ha implementado reformas y mejoras en sus sistemas de laboratorio para reforzar la precisión y la rendición de cuentas. Además, en 2025, Colorado aprobó una nueva ley que establece controles adicionales para las pruebas forenses y crea una vía legal para que personas afectadas por análisis defectuosos puedan solicitar alivio después de una condena.