DENVER, Colorado. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este jueves a la Ciudad y Condado de Denver por una ordenanza local que prohíbe a los agentes federales de inmigración y a otros oficiales del orden usar máscaras mientras trabajan dentro de los límites de la ciudad. La demanda, que también nombra al alcalde Mike Johnston, a la fiscal municipal Michiko Ando Brown y al jefe de policía Ron Thomas, alega que Denver no tiene autoridad constitucional para imponer requisitos a oficiales federales.
La ordenanza, aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal en febrero de este año, prohíbe a los agentes cubrirse el rostro durante interrogatorios, detenciones o arrestos, y les exige mostrar identificación visible a una distancia de al menos 25 pies. Las violaciones pueden resultar en una multa de hasta $999 y hasta 300 días de cárcel, con la posibilidad de que la Policía de Denver cite o arreste a los agentes que no cumplan .
El argumento del gobierno federal
El Departamento de Justicia sostiene que la ordenanza viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece que la ley federal prevalece sobre leyes estatales y locales en conflicto. “Bajo la Constitución de Estados Unidos, la Cláusula de Supremacía deja claro que los estados y las localidades no tienen la autoridad para regular al Gobierno Federal”, declaró el fiscal general asociado Stanley E. Woodward Jr. en el comunicado de la demanda .
El gobierno federal también argumenta que la ordenanza pone en riesgo a los oficiales y sus familias al impedirles ocultar sus identidades. Según la demanda, dos agentes federales del área metropolitana de Denver y sus familias ya han sido objeto de doxxing y acoso después de que sus imágenes fueran publicadas en línea . “Los oficiales federales y agentes no pueden y no cumplirán con la ordenanza, que es inconstitucional y desatiende temerariamente la seguridad de los agentes, la seguridad pública y las necesidades operativas federales”, señala el documento .
La respuesta de Denver
El alcalde Mike Johnston fue enfático en su respuesta a la demanda. “Los habitantes de Denver merecen saber quién los está arrestando y por qué. Prohibir las cubiertas faciales para las fuerzas del orden es de sentido común y constitucional, y esperamos defender nuestra posición y los derechos de nuestros residentes en la corte”, declaró su oficina a través de Jon Ewing .
En declaraciones posteriores, Johnston dijo que su administración luchará “hasta el final en esta batalla” para asegurar que todo oficial del orden que opere en Denver sea fácilmente identificable por el público .
Denver se suma a una lista creciente
Denver se convierte en la novena jurisdicción demandada por la administración Trump por leyes similares. El Departamento de Justicia ya ha presentado demandas contra California, Nueva York, Virginia, Connecticut, Nueva Jersey, Filadelfia, Milwaukee y Maryland, y los tribunales federales han emitido órdenes preliminares bloqueando las prohibiciones de máscaras en California, Virginia y Nueva York .
Contexto local: una ley con raíces en Minnesota
La ordenanza de Denver no surgió de la nada. La concejal Flor Alvidrez, una de sus principales patrocinadoras junto con la concejal Shontel Lewis, señaló directamente los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti —ambos ciudadanos estadounidenses muertos por agentes federales en Minneapolis en enero de 2026 durante la Operación Metro Surge— como la fuerza impulsora detrás de la legislación. Sus muertes provocaron protestas en todo el país por la actuación de oficiales anónimos en comunidades inmigrantes .
La ordenanza, que entró en vigor en marzo de 2026, incluye excepciones para operaciones encubiertas, SWAT y ciertas circunstancias de seguridad ocupacional .