Cuando el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada que exigiría a quienes buscan una tarjeta de residencia permanente que presenten la solicitud desde sus países de origen en lugar de hacerlo en Estados Unidos, el teléfono de la abogada de inmigración Flavia Santos Lloyd no dejó de sonar, con clientes preocupados por cómo podría afectarles.
Lloyd no estaba segura de qué decirles, pero sabía que la confusa nueva política ralentizaría las solicitudes.
“Tiene un efecto paralizante porque tenemos algunos casos con los que íbamos a seguir adelante y ya veo que deberíamos esperar y ver qué ocurre”, explicó Lloyd.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció el viernes que los extranjeros en Estados Unidos que quieran una “green card”, como se conoce el permiso de residencia, tendrán que salir del país y solicitarla en su país de origen, salvo algunas excepciones no especificadas.
El anuncio, que potencialmente afecta a cientos de miles de solicitantes al año, era una nueva medida política migratoria presentada por el gobierno republicano de Trump que sorprendía y desconcertaba a abogados, defensores e inmigrantes. También forma parte de un giro del gobierno para apuntar a las vías legales de inmigración, después de centrarse desde el año pasado principalmente en los migrantes que están en Estados Unidos de manera ilegal.
