El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, posesionado el pasado 7 de agosto, ha generado polémica al rechazar el despliegue de brigadas internacionales de rescate tras el terremoto de magnitud 7,4 que azotó el occidente del país, dejando al menos 250 fallecidos. Mientras más de una docena de naciones y organismos multilaterales ofrecieron enviar equipos especializados, la administración colombiana priorizó la recepción exclusiva de insumos y ayuda humanitaria, dejando en vilo a países como México, El Salvador, Chile y España, que mantienen contingentes listos para viajar a zonas como Cali y Pereira.
El argumento oficial es que los 23 equipos nacionales de búsqueda y rescate urbano (USAR) ya desplegados son suficientes para atender la emergencia. Así lo confirmó el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien trasladó que Colombia solo requiere insumos y enviará dos aviones con 100 toneladas de ayuda. México, por su parte, tiene preparado un operativo de 255 elementos, pero espera una solicitud formal que no llega. La única excepción visible es Estados Unidos, que anunció 15,5 millones de dólares en asistencia para refugios y evaluación de daños, sin mencionar restricciones al personal.
La decisión ocurre en medio de una evidente falta de coordinación interna, agravada porque el nuevo gobierno aún no ha designado a los responsables de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), lo que ha roto el empalme con la administración anterior. La internacionalista Sandra Borda advierte que el Ejecutivo “está aprendiendo sobre la marcha” cómo funciona el sistema de cooperación, mientras que sectores de izquierda, como María José Pizarro, han criticado duramente la postura y piden ampliar el ingreso de equipos extranjeros ante la magnitud de la tragedia.
Aunque el gobierno emitió una nota verbal con requerimientos específicos y los primeros vuelos con insumos comenzarán a llegar en las próximas horas, la ONU confirmó que no ha recibido una solicitud formal de asistencia más amplia. Por ahora, el rechazo al personal de rescate no es definitivo, pero mantiene en incertidumbre a la comunidad internacional, mientras las labores de búsqueda entre los escombros continúan y crece la presión para que Bogotá reconsidere su postura ante la crítica situación.
