Llegan a la frontera de Estados Unidos desde todas partes del mundo: Eritrea, Guatemala, Pakistán, Afganistán, Ghana, Uzbekistán y muchos otros países.
Vienen en busca de asilo; insisten en que enfrentan persecución por su religión, su sexualidad o por apoyar a los políticos equivocados.
Durante generaciones, se les dio la oportunidad de presentar su caso ante las autoridades estadounidenses.
Pero ya no.
“No nos ofrecieron un agente de ICE con quien hablar. No nos dieron una entrevista. Nadie me preguntó qué pasó”, dijo un trabajador electoral ruso quien solicitó asilo en Estados Unidos después que lo sorprendieran en posesión de grabaciones de video que filmó sobre fraude electoral en su país. El 26 de febrero fue deportado a Costa Rica con su esposa y su hijo pequeño.
El 20 de enero, justo después de asumir el cargo para su segundo mandato, el presidente Donald Trump suspendió el sistema de asilo como parte de su extensa ofensiva contra la inmigración ilegal, y emitió una serie de órdenes ejecutivas diseñadas para detener lo que llamó la “invasión” a Estados Unidos.
Lo que los solicitantes de asilo encuentran ahora, según abogados, activistas e inmigrantes, es una situación turbia y en constante cambio, con pocas reglas claras, en la que las personas pueden ser deportadas a países de los que no saben nada tras breves conversaciones con agentes de inmigración, mientras que otras languidecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
