El jueves, la Corte Suprema evaluó si permitiría que las restricciones del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento entren en vigor temporalmente en la mayor parte del país, aún si finalmente se determinara que violan la Constitución.
Los jueces escucharon argumentos en las apelaciones de emergencia del gobierno de Trump sobre órdenes de tribunales inferiores que han mantenido las restricciones de ciudadanía en suspenso en todo el país. Las órdenes judiciales a escala nacional, o universales, surgieron como un control importante a los esfuerzos de Trump para reformar el gobierno y como una creciente frustración para el presidente republicano y sus aliados.
Los jueces también estudian las solicitudes del gobierno de Trump para poner fin al permiso de residencia humanitaria para más de 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y para retirar otras protecciones legales temporales a otros 350.000 venezolanos. La administración sigue enfrascada en batallas legales sobre sus esfuerzos para deportar rápidamente a personas acusadas de ser miembros de pandillas a una prisión en El Salvador según una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
El primer día de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que negaría la ciudadanía a los niños nacidos de personas que están en el país de manera ilegal o temporal.