Aplauden en Colorado ley que castiga el fraude migratorio cometido por notarios y gestores no autorizados

Organizaciones saludan el proyecto bipartidista que advierte a los notarios que no están autorizados para dar consejo legal migratorio y a los indocumentados los previene de las estafas.

Una iniciativa de ley demócrata para combatir el fraude migratorio y que fue aprobada con respaldo bipartidista fue recibida con aplausos en Colorado este miércoles.

“Beneficiará a toda la comunidad inmigrante, especialmente a las personas indocumentadas”, dijo a Univision Noticias Esmeralda Domínguez, directora regional del área de Denver de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC). “Solo estamos esperando la firma del gobernador para que se convierta en ley”.

La iniciativa de ley HB16-1391 fue impulsada por los representantes demócratas de origen hispano Dan Pabón, Dominick Moreno y Joseph Salazar.

El proyecto denominado Ley de Colorado de Protección de Consumidores establece que el “notario” (Notary Public) no es ni puede ser un consultor sobre temas inmigratorios.

Objetivo de la iniciativa

Los autores de la iniciativa señalaron que su objetivo es proteger principalmente a los inmigrantes hispanos de “prácticas comerciales engañosas” por parte de inescrupulosos que ofrecen servicios o consejos legales sin estar autorizados a hacerlo.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés) advierte que el fraude migratorio se ha convertido en un grave problema para miles de inmigrantes y amenaza con “quitarles” el derecho de permanencia en Estados Unidos.

Recibir consejos legales de personas no autorizadas “tiene un impacto negativo en la gente que usa esos servicios”, dijo Pabón al presentar la iniciativa. Agregó que es de interés público “prevenir” este tipo de fraude y “proveer” oportunidades legales.

Protegerá a miles

En Colorado casi el 10% de los 5,4 millones de residentes son extranjeros, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo. CIRC señala que de ellos unos 150,000 son indocumentados.

Los autores del proyecto señalaron que lo le corresponde al legislativo regular la práctica de la abogacía en Colorado sino a la Corte Suprema estatal. Pero que la Asamblea sí puede aprobar leyes que prohíben a quienes no sean abogados usar “prácticas engañosas” para atraer clientes.

“Hemos notado un incremento de las estafas desde que se anunció la Acción Ejecutiva y los programas DACA y DAPA”, dijo Domínguez. “Han aparecido ofertas para conseguir beneficios que no están disponibles. Eso nos tiene preocupados”.

Programas en espera

La Acción Ejecutiva mencionada por la activista fue anunciada por el presidente Barack Obama el 20 de noviembre de 2014 y protege de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y a jóvenes indocumentados que entraron siendo niños al país y están protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés).

Ambos programas fueron frenados por los tribunales y están siendo revisados por la Corte Suprema de Justicia, instancia que emitirá un fallo final en junio, durante el verano.

“Hemos trabajado en conjunto con nuestros representantes para que aprueben este tipo de medidas”, indicó Domínguez. “Y a nivel comunitario estamos informando a la comunidad para prevenirla del fraude”.

Las prohibiciones

La HB16-1391 señala notarios o gestores que ofrecen servicios para completar formularios o documentos no están autorizados para “interpretar el significado o intento de una pregunta por parte de una agencia del Gobierno en un formulario relacionado con inmigración”.

La iniciativa les prohíbe utilizar títulos como “consultor de inmigración” o “especialista en inmigración” a menos que la persona tenga estudios o experiencia en ese campo.

La legislación aprobada por el Asamblea no prohíbe que el notario ofrezca otros servicios tales como traducción, transcripción de documentos o tramitación de certificados de nacimiento o de matrimonio. Pero debe advertir que no está autorizado para dar consejo legal migratorio.

La USCIS dijo que los notarios “no necesariamente son abogados” como ocurre en América Latina y reiteró que “sólo un abogado de inmigración o un representante acreditado que trabaje para una organización reconocida por la Junta de Apelaciones de Inmigración puede brindarle ayuda legal”.

También recordó que los programas DACA y DAPA incluidos en la Acción Ejecutiva migratoria de 2014 “no están vigentes”, y que nadie puede prometer ni cobrar por trámites que no están autorizados.

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Fuente:Univision